CSL llevó en su momento la bandera de la Defensa de la Asistencia Sanitaria a través de la Casa de Socorro hasta el final, con la realización de dos manifestaciones multitudinarias, si bien en la segunda de ellas estuvimos solos con los miembros de la Plataforma de Afectados por el Cierre de la Casa de Socorro ya que el resto de sindicatos nos abandonaron.
Se solicitó la supensión cautelar del Decreto de Alcaldía que suprimía la Casa de Socorro, obteniendo un resultado negativo. Y se interpusieron dos Recursos Contencioso-Administrativos en relación a la supresión de la Casa de Socorro, el primero contra los presupuesto municipales del año 2010, en los que no se dotaba de la partida necesaria para el mantenimiento del servicio, y el otro por incumplir el articulo del Pacto-Convenio 2008-2011, donde viene reflejado que la asistencia sanitaria de los funcionarios era a través de la Casa de Socorro. Finalmente, en 2013 desde el T.S.J. de Aragón se nos dió la razón si bien a su vez decretaba la imposibilidad de ejecutar ya la sentencia (tras el tiempo transcurrido) y fijaba la una indemnización de 3.00 euros al sindicato por los gastos judiciales derivados de llevar dicha causa hasta sus últimas consecuencias, es decir, los agravios morales (y físicos en este caso) que de nuevo "la política" causaba a sus trabajadores.
Noticia extraida de Aragon Digital .es:
"Siete años sin Casa de Socorro", por F. Tirado, Tribuna Digital 18/07/2017.
Cuentan las crónicas municipales que en junio de 2010 el Gobierno municipal, presidido por el alcalde Juan Alberto Belloch, siendo teniente de alcalde de Hacienda, Francisco Catalá, y concejala de Personal, Lola Ranera Gómez, acordó suprimir y extinguir el Servicio de Asistencia Médica a funcionarios (la antigua Casa de Socorro de la Beneficencia Municipal), con más de 77 años de historia que daba servicio a más de 1.700 funcionarios y sus familias, despidiendo a médicos y sanitarios, rescindiendo contratos con médicos y centros sanitarios, y desmantelando instalaciones y aparatos como el de rayos x, etc., lo que pudo generar una importante saturación de los Centros de Salud y de Especialidades y, por ende, de los hospitales del Salud, incrementando las listas de espera de los usuarios de la Sanidad. Cuentan que no hubo negociación con sindicatos ni con la Plataforma de Afectados y que fue una imposición autoritaria sin condiciones. No se permitió que los usuarios, con el pago de una iguala mensual, pudiesen hacerse cargo del coste del servicio para garantizar su mantenimiento.
La presidenta de la Asociación Plataforma Afectados por Cierre de la Casa de Socorro del Ayuntamiento de Zaragoza, Brigitte Peyroutou, en julio de ese año dirigía una carta a todos los afectados y a los medios de comunicación en la que comunicaba que el juez había rechazado la medida cautelar por la que se pedía la suspensión del acuerdo plenario en el que se acordó el cierre de la Casa de Socorro.
Afirmaba que “tenía esperanza en que nos la concediesen, pero una vez más se ha demostrado que los políticos pueden hacer y deshacer lo que quieren”. “Da igual que el pacto convenio que se firmó en 2008 y en vigor no se cumpla, eso nos ha hecho ver que los políticos lo pueden todo, sean del partido que sea, y lo que prometen en las elecciones, si no les interesa en determinados momentos, no lo cumplirán; una persona puede manejar las cuentas de toda una ciudad o un país y sin terminar el mandato irse a otro continente y dejar una deuda tremenda en el Consistorio y a dichos ciudadanos, pero ya sabemos que un político lo puede todo, y lo pagamos todos, día a día, en nuestras vidas personales”. “No sé cómo la Administración municipal ha podido ser tan fría e indiferente hacia los usuarios y los médicos despedidos, que cobraban un sueldo irrisorio cuando se decía que estaban una hora y en realidad era dos o más, sin dejar nunca un paciente por atender; que sepan que siempre nos han atendido con paciencia, cariño y con una gran parte humana. No se les ha podido hacer ninguna despedida de agradecimiento y reconocimiento, porque cuando se quiso hacer me solicitaban escrito a través del Registro General del Ayuntamiento y no daba tiempo”. “El día 30 de junio fui a despedir a los médicos y no pude hacerlo de todos, ya que al ser los horarios totalmente diferentes, está claro que no hubo nadie de la Corporación para darles las gracias por todos estos años”.
Se despedía en su carta señalando que “creo que deberíamos recapacitar sobre nuestra manera de actuar, tendríamos que estar más unidos y comprometidos para hacer un mundo mejor para todos, no pierdo la esperanza y no la debéis de perder nunca, perdonad por no haber hecho más y suerte a todos de corazón”.
Formularon también un escrito de queja al Justicia de Aragón sobre la situación transitoria derivada de la supresión del servicio municipal de asistencia médica a funcionarios y familiares en el que denunciaban posibles graves perjuicios a los enfermos crónicos, con enfermedades degenerativas, a los pacientes intervenidos quirúrgicamente, a los que se encuentran en estado terminal, en estado de convalecencia, de rehabilitación y, en general, a los usuarios del servicio de baja laboral que se benefician de su inmediación y eficacia; falta de información a los usuarios sobre su historial clínico, prescripciones facultativas permanentes, tratamientos médicos, obtención de tarjeta sanitaria, centro de salud y médico de cabecera asignados, etc. El traspaso del Servicio municipal al Salud iba a contribuir notablemente a incrementar la congestión existente en las zonas de salud y centros de salud de Zaragoza y comarca, así como las listas de espera, y demás deficiencias de la sanidad en Aragón, perjudicando de esta forma al resto de los usuarios y a los profesionales sanitarios desbordados por la demanda.
Solicitaban que se requiriese, sugiriese o recomendase al Ayuntamiento de Zaragoza que se respeten los derechos de los funcionarios recogidos en el Pacto-Convenio vigente que extiende su ámbito de aplicación hasta 2011. La adopción de las medidas oportunas para reestructurar y diferenciar claramente dentro de la organización interna de la Casa de Socorro, los servicios de prevención de riesgos laborales, medicina de empresa, y asistencia sanitaria de los empleados municipales, amparados por normativas sectoriales diferentes, y que generan costes y gastos que deben diferenciarse con exactitud en el ámbito de la organización municipal, para la reducción del déficit público.
También se pedía la adopción de las medidas oportunas necesarias para mejorar la gestión económico-financiera y organizativa del Servicio de Prevención de la Salud, racionalizando el gasto sanitario, la gestión de los recursos humanos que lo integran, la gestión de las contratas de servicios externos, y la calidad asistencial del servicio a los empleados municipales, con arreglo a los estándares que marca el Ministerio de Sanidad y el Salud del Gobierno de Aragón, garantizando, de esta forma, que el importe total de las bonificaciones en cotizaciones sociales detraídas de los funcionarios mensualmente para estos fines se destinen íntegramente con carácter finalista a cubrir el coste del servicio.
Igualmente, se solicitaba la adopción de fórmulas de conciliación, negociación o acuerdo para solventar el problema planteado, que afecta a los derechos e intereses legítimos de un elevado colectivo de empleados públicos y familiares usuarios de un servicio público municipal. Todo ello a fin de evitar situaciones de conflictividad laboral, enfrentamientos, y perjuicios de imposible o difícil reparación.
Su propuesta, no atendida, era promover sin coste alguno para las arcas municipales, la implantación de un seguro colectivo médico, voluntario para los usuarios y complementario de la sanidad pública, para toda la plantilla de empleados municipales y sus familias, concertado con una entidad privada, y con utilización de las instalaciones del Centro municipal de Prevención de Salud y sus profesionales sanitarios infrautilizados.
Dicen las crónicas que los funcionarios y familiares afectados no olvidarían jamás lo ocurrido.
